Se trata de Pablo Soto Bravo, el creador y responsable de algunos programas para el intercambio de archivos mediante redes P2P, como Blubster, Piolet y Manolito. Universal, Sony-BMG, Warner y EMI son algunas de las empresas que se encuentran detrás de la demanda.
Tal como ha explicado Promusica, entidad que agrupa a varias empresas del sector discográfico, la demanda contra Pablo Soto Bravo se fundamenta en que el software que éste ha escrito se utiliza para el "intercambio ilegal de música protegida". Se argumenta que Soto desarrolló sus aplicaciones "con evidente ánimo de lucro" y con "una conducta parasitaria", que le ha permitido obtener provecho de la obra de terceros.
La suma en asciende (nada más ni nada menos) a 13 millones de euros. Se ha llegado a este valor tras un "cálculo conservador" de los prejuicios causados. Han asumido que cada usuario de alguno de los tres programas clientes P2P en cuestión (Blubster, Piolet o Manolito) sólo ha descargado una canción de manera gratuita.
La empresa que preside Pablo Soto, MP2P Technologies ha recibido la demanda y asegura que “planeamos defendernos firmemente contra este intento de destruirnos de las multinacionales discográficas.” En otro párrafo de un comunicado que han acercado a los medios puede leerse que “(Las discográficas) en lugar de abrazar la tecnología, eligen un camino que en última instancia les llevará a su propio final. El litigio en sí mismo no es un modelo de negocio válido, sin embargo, ha sido su fútil y desesperado objetivo desde el advenimiento del P2P”.
No son pocos los que creen que, de haber tenido que pagar por ellos, muchos melómanos tendrían solo un pequeño porcentaje de las obras que tienen, haciendo que el cálculo de las discográficas sea como mínimo excesivo.
En concreto, Promusica reclama al demandado 13.029.599 euros, más los gastos que le ha insumido la investigación (otros 23.072 euros). En caso de resultar acusado, también debería correr con los gastos procesales.
Como parte de los argumentos presentados, Promusica asegura que Pablo Soto Bravo desarrolló el software cuestionado y urdió un negocio paralelo para gestionar los beneficios económicos de su actividad (presuntamente) ilícita.
