Parecía ser un caso terminado, ¿verdad? No para Kim Dotcom, quien todavía se encuentra en plena arena legal tratando de impedir su extradición a los Estados Unidos. Dentro de este torbellino mediático aparecen nada menos que los viejos servidores de Megaupload, aún intactos y guardando los datos personales de millones de usuarios alrededor del globo. Con el avance del caso, un juez estadounidense decidió explorar la posibilidad de liberar esos datos, incluyendo la logística y el impacto financiero.
Aún recordamos muy bien aquel 20 de enero de 2012, cuando las autoridades neozelandesas (en colaboración directa con el FBI y la justicia estadounidense) arrestaron a Kim Dotcom y otros tres ejecutivos de Megaupload. En enero de 2013, Dotcom hizo «regresar» a Megaupload a través del nuevo servicio Mega, pero en septiembre de ese mismo año renunció a su posición de director, y en julio pasado recomendó que «nadie use Mega», ya que se supuestamente se encuentra bajo control del gobierno de Nueva Zelanda. Más cerca en el calendario, Dotcom finalmente debió sentarse en la corte para explicar por qué no debe ser extraditado a los Estados Unidos, sin embargo, el titánico «caso Megaupload» tiene otro elemento a considerar: El enorme volumen de datos pertenecientes a los usuarios del viejo servicio.
En agosto pasado, la compañía QTS que se hizo cargo de Carpathia Hosting y que efectivamente es ahora dueña de los servidores de Megaupload, le pidió a la corte autorización para purgar los datos, ya que pierde miles de dólares mensuales en almacenamiento. Tanto los usuarios como Dotcom y sus representantes no quieren que se toque ni un byte de ellos (cosa que ya sucedió con LeaseWeb, que borró sus servidores sin aviso), y en septiembre último, el gobierno estadounidense negó cualquier responsabilidad sobre el hardware, argumentando que ya tiene toda la evidencia necesaria. En un intento por resolver este fuego cruzado de una vez, el juez Liam O’Grady decidió enviar una serie de preguntas a todos los involucrados, que incluyen la posibilidad de regresar los datos a sus dueños.
Las preguntas del juez son precisas, y tocan temas delicados como la integridad física de los datos (es posible que muchos discos duros se hayan dañado), la preservación posterior de los mismos, la protección de la confidencialidad, y lo más importante: Cuál sería el costo estimado de colocar los servidores en línea, y cómo se contactaría a los usuarios. Este avance del juez es algo muy bueno para los usuarios, pero en especial para Dotcom, quien insiste en que los servidores contienen evidencia crítica para su defensa. Las partes deberán responder antes de que finalice la próxima semana.
