En esta insólita escalada de hostilidades contra el usuario, se coloca un nuevo ladrillo en el muro de la vergüenza. Las principales operadoras nacionales plantean al gobierno la posibilidad de imponer sanciones económicas a los usuarios que descarguen intensivamente de redes P2P. Y lo dicen así, sin anestesia.
Se nos acaba la capacidad de asombro con toda la jauría de entidades que pretenden dejar sin oxígeno a los usuarios que descargan en las redes de pares. Además de la famosa ley de los 3 avisos, donde lo que se buscaba era la desconexión del internauta cuando le hubieran llegado las correspondientes advertencias, ahora se avanza un paso mas allá y son las propias operadoras(¡!) las que proponen al estado una medida tan sorprendente como desproporcionada. Piden que se les imponga pequeñas multas al usuario que descargue de modo intensivo desde redes P2P, a modo de martillo pilón, a ver si por aburrimiento logran agotar la paciencia del internauta y que deje sus “oscuras” manipulaciones. De un modo descaradamente cínico, las compañías son plenamente conscientes de que esas multas jamás podrán llevarse a término desde el punto de vista legal puesto que en España no es delito compartir archivos sin ánimo de lucro. No representan más que un intento de intimidación ramplón y bastante desvergonzado para acabar con la infinita paciencia de los usuarios y obligarles por la vía del agotamiento a soltarse de manos con los P2P o a terminar pagando una especie de "impuesto revolucionario" por entregas en todos aquellos que prefieran no meterse en líos.
Los vecinos galos se van a tener que gastar unos 80 millones de euros en implementar el sistema de espionaje para identificar los puntos de intercambio que pudieran atentar contra los derechos de autor (a ver cómo lo hacen cuando cifren las redes). En nuestro país se habla de un coste de 100 millones de euros, que se supone van a endosar a las operadoras, porque el estado parece que no anda muy por la labor de proporcionar tal cantidad. Con esta perspectiva no sería de extrañar una estrategia diabólica por parte de las operadoras para financiarse el coste de esta estructura de gran hermano cibernético que quieren imponer. Si a cada internauta le aplican una pequeña multa con la excusa de la descarga ilegal, éste puede que acepte con resignación la cuantía de la sanción. Y se sentirá legitimado para seguir descargando. Pero pronto recibirá otra multa, y otra y otra más. Al final, sin darse ni cuenta, los usuarios estarán financiando todo el aparato de espionaje nacional y encima seguro que los ISP sacan algunos beneficios. Esto no sucedería si la multa fuera de mayor peso, pues el internauta bien se daría de baja en Internet o bien dejaría de descargar mediante P2P y eso no le interesa a las compañías, claro.
¿Cinismo elevado a la enésima potencia? Las operadoras en masa apoyan este maquiavélico plan para sacar tajada desde todos los ángulos posibles. Forman parte de Redtel: Telefónica, Vodafone, Orange y Ono y son ellos los que quieren evitar que los usuarios sean desconectados (tontos no son un pelo) pero, sin embargo, les apasiona la idea de endilgarles pequeñas multas con la clara intención de mantenerlos en “línea” y financiando con las imposiciones la posible estructuración del masivo plan de espionaje que quieren llevar a término las compañías. Jazztel por ahora se mantiene al margen de estas intrigas palaciegas y ni siquiera pertenece a Redtel, posiblemente porque sabe que muchos ojos están mirando hacia ellos con las pupilas dilatadas por la rabia.
