González-Sinde se sienta en el banquillo de los acusados. La Asociación de Internautas(AI) ha presentado una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses por las ayudas aprobadas por el Ministerio de Cultura y destinadas a la industria cinematográfica. Según Victor Domingo, la ministra mostraba un claro perfil laboral incompatible con el ejercicio de sus funciones como cargo público del ministerio.
El lobby cultural lleva tiempo levantado en armas acusando a diestro y siniestro a todo lo que se mueve (en Internet). Los magistrados ya se conocen de memoria las caras de los abogados que no paran de entrar y salir de los juzgados. Han hecho de la denuncia un ariete poderoso que utilizan sin dudar en cuanto se les pone alguien a tiro. Sin embargo, parece que las víctimas reaccionan en la figura de la Asociación de Internautas, que ha tomado el toro por los cuernos y ha presentado una denuncia contra la Ministra de Cultura más odiada de la historia. Ya habían advertido a la opinión pública de las graves incompatibilidades que existían al nombrar a González-Sinde como máxima responsable de las subvenciones a la industria cinematográfica. Recordemos que la ministra posee intereses en diversas empresas que han sido beneficiadas con el dinero que la propia ministra ha destinado en las subvenciones oficiales que otorga el estado.
El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, esta mañana ha enviado a la Oficina de Conflictos de Intereses una denuncia en la que alega que la ampliación de las subvenciones al cine "han sido concedidas bajo supervisión y control directo" de González-Sinde quien "tiene directa e indirectamente intereses económicos privados". Estas ayudas, por un valor de 8 millones de euros, fueron aprobadas por el ministerio el pasado 13 de mayo y publicadas en el BOE el pasado 26 de mayo. Algunas voces han querido minimizar la polémica alegando que se trata de actualizaciones periódicas del importe de las ayudas, pero ese argumento se cae por su propio peso cuando se analizan detenidamente los montantes económicos asignados y se observa que superan ampliamente lo ofertado hasta ahora (del orden del 50 % al 100 % dependiendo de las partidas).
La AI no ha tolerado esta nueva burla del sistema político y no le ha temblado el pulso para demandar a toda una ministra ante la Oficina de Conflictos de Intereses, el órgano encargado de estudiar este tipo de casos y ofrecer una sentencia definitiva. Una vez que la entidad registra una denuncia tiene la obligación de ponerla en conocimiento del miembro del Gobierno y del alto cargo de la Administración General del Estado aludido a fin de que el denunciado pueda presentar alegaciones antes de que el órgano decida si existe o no conflicto de intereses. El escrito que ha presentado la AI acusa a Gonzalez-Sinde en base a 7 alegaciones demoledoras que atacan los puntos vitales que pueden resultar contrarios a la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
La AI recrimina “la existencia de un grave conflicto de intereses" que afecta a González-Sinde y, en sus argumentos, señala que "se desprende que la ministra tiene intereses personales y familiares en la industria cinematográfica, lo cual produce indudablemente una colisión de intereses que la inhabilitaría para el ejercicio de sus funciones por la falta de objetividad e imparcialidad". Exhibe todo un rosario de empresas y entidades donde la ministra posee intereses particulares, e incluso familiares directos que son propietarios de dichas empresas y que han sido beneficiadas por las ayudas de su ministerio. Señalan que la ministra "figura aún hoy como Administradora de dos empresas" (una de ellas con domicilio social en su propio domicilio particular). Detalla con precisión las cantidades involucradas en todo ese entramado empresarial cinematográfico y demuestra la vinculación de González-Sinde con dicho entorno económico. Finalmente, y ante lo abrumador de las pruebas, la AI exige al citado organismo que «acuerde la inmediata cesación de toda actividad derivada del Ministerio de Cultura, en cuyos resultados económicos pudiera tener intereses directos o indirectos la Excma Sra Dª Ángeles González-Sinde… por incumplimiento del régimen de incompatibilidades».
Si, después de semejante baño de pruebas, el organismo encargado de dictar resolución deja sin mácula a la ministra, ya podemos dejar de confiar en la justicia, en la política y en el propio país. Y me van a permitir un brindis de pesimismo, pero mucho me temo que se van a pasar la denuncia por el mismo sitio que las promesas electorales.
