La Unión Europea no aceptará el acuerdo que intentan forzar los miembros de la organización comercial ACTA. La entidad pretende colar a los países desarrollados unas medidas tan restrictivas que llegarían incluso a cortar la línea de Internet si los usuarios se bajan archivos con derechos de autor. Eso no parece gustarle nada a Eurocámara, que rechaza de plano semejante propuesta. Con una mayoría aplastante en las votaciones, los eurodiputados han sacado adelante una resolución para impedir este disparate.
Una de las organizaciones más incisivas en la defensa de los intereses de la industria del copyright está manteniendo conversaciones confidenciales con los altos mandatarios de los países desarrollados con la intención de imponer sus restrictivos criterios. ACTA (sigla en ingles de Acuerdo Comercial Antipiratería) reúne lo mas granado del lobby de los derechos de autor y se dedica a tratar de llegar a acuerdos con los gobiernos para convertir la Red en un estado policial. Sorprende el carácter secreto con que se están llevando estas negociaciones, pero la Eurocámara, en la figura de su nuevo comisario de Comercio, Karel De Gucht, se ha negado en rotundo a firmar cualquier acuerdo que represente la anulación de un derecho fundamental, como es el caso de la disponibilidad de Internet.
El Parlamento aprobó este miércoles por aplastante mayoría -por 633 votos a favor, 13 en contra y 16 abstenciones- una resolución en la que critica la falta de transparencia en las negociaciones y reclama que se le informe de cualquier avance. De lo contrario, la Eurocámara “se reserva el derecho de adoptar las actuaciones adecuadas, incluyendo la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia para salvaguardar sus prerrogativas”. Además, los eurodiputados exigieron a la entidad que impida a toda costa que se lleven a cabo las resoluciones nacidas del acuerdo que pretende ACTA.
“La UE no apoya y no aceptará que ACTA cree una obligación de desconectar a la gente de Internet por realizar descargas ilegales”, advirtió el comisario De Gucht durante el debate previo a la votación de la resolución. “La regla de los tres avisos o los sistemas de respuesta gradual no son obligatorios en Europa. Los diferentes Estados miembros tienen enfoques distintos, y queremos mantener esta flexibilidad, respetando plenamente los derechos fundamentales y las libertades civiles”, concluye.
La Eurocámara representa el último reducto de cordura institucional frente al acoso de las organizaciones del copyright, cuyos intereses pretenden alzarse por encima de los derechos más sagrados de los ciudadanos. Bravo por el Viejo Continente.
