Nueva pirueta de la Eurocámara que ha pillado a traición al confiado lobby cultural. Otra vez ha saltado la sorpresa en Europa al rechazar el paquete de leyes de telecomunicación donde pretendían colar que se pudiera desconectar Internet a los usuarios sin necesitar la intervención de un juez. Nadie se lo esperaba, pero los europarlamentarios han hablado por fin en representación verdadera de sus ciudadanos.
Tengo que reconocer que Europa me gusta. Me refiero como entidad administrativa y política que representa a sus ciudadanos y se manifiesta en favor de sus intereses, votando leyes y diseñando políticas populares que ayudan a formar una comunidad avanzada. No es la primera vez que salvan una situación comprometida o que se posicionan en contra de los intereses privados, respetando los deseos de los ciudadanos que han depositado en ellos su confianza. Casi siempre se erigen como el último reducto de cordura y sentido común donde las personas pueden descansar sus principios y valores. Me recuerdan al protagonista de la excelente serie Prison Break, un preso que se dejó encarcelar injustamente para sacar a su hermano de la cárcel y que vemos que en cada capítulo parece que lo van a pillar pero siempre se saca un ingenio de la manga y consigue avanzar hacia el objetivo final de escapar de la prisión. La Eurocámara, aunque a veces lo parezca, nunca se deja intimidar por los poderes fácticos ni por los económicos. Representan el máximo garante de una sociedad progresista, humanitaria y ecológica que considera relevante defender los valores democráticos y la justicia como principales objetivos de su gestión.
En el caso que nos ocupa, el parlamento europeo, contra todo pronóstico, ha reaccionado a la presión del mundo de los derechos de autor votando en contra de la enmienda que preveía la desconexión de los internautas que se bajaran archivos protegidos sin intervención de juez alguno. Realizando todo un ejercicio de higiene democrática y de sentido del deber, Estrasburgo ha votado una enmienda alternativa que exige de modo imperativo la presencia de una orden judicial para desconectar a un usuario de la Red. Han sido los Verdes y los liberales, desmarcándose en el último momento, los que han proporcionado los 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones.
Existen sujetos, como el presidente Sarkozy, que mantienen una obtusa cruzada contra los derechos fundamentales de los ciudadanos pretendiendo imponer a toda costa una ley tan restrictiva y tan sospechosamente inconstitucional que hasta su propio parlamento la ha rechazado ya una vez. Quizá porque su esposa sea cantante se pueda explicar el obcecado interés que manifiesta en acabar con las descargas, pisoteando por el camino los derechos de sus propios votantes. Quizá sea por pura cabezonería de caudillo con una cierta y peligrosa tendencia a la tiranía. Inglaterra también se halla dispuesta a trasladar a rango de ley unas medidas tan imposibles como reprobables. Incluso Suecia, la eterna progresista, también ha caído en las garras de la corrupción judicial que propicia el mundo de la industrial cultural. El caso es que aunque Europa se muestra salpicada de focos de presión que intentan restringir derechos básicos de los ciudadanos en favor de los intereses de la industria de contenidos, no permite nunca que semejantes atropellos lleguen a plasmarse en leyes.
Con su rechazo frontal a la posibilidad de cortar Internet sin la decisión de un juez, la Eurocámara ha paralizado todo el proceso de aprobación del paquete de medidas sobre las telecomunicaciones, que tendrá que volver a una nuevo periodo de conciliación donde los gobiernos deberán negociar para alcanzar un acuerdo, así que la nueva normativa ya no podrá ver la luz en esta legislatura. En junio se votará el nuevo gobierno y entonces comenzará el siguiente ciclo para deliberar sobre las modificaciones del paquete de este paquete de medidas tan polémico.
¿En que se convertirá Europa si se permite que una autoridad administrativa pueda tomar la decisión de cortar la conexión a Internet a un ciudadano porque se esté descargando contenidos protegidos? Para empezar, habría que saltarse a la torera los derechos a la intimidad de las personas, porque los “sabuesos electrónicos” de dicha entidad debería monitorizar tu conexión y tratar de averiguar que archivos son los que estas descargando. Algo muy similar a que alguien intervenga tu teléfono para escuchar tu conversación y distinguir si estás planeando algún delito. Esto se considera una intromisión ilegal al derecho a la intimidad y no se puede realizar a no ser que la policía disponga de una orden judicial que les permita acometer esta acción. Un permiso que el juez otorga siempre y cuando se le hayan dado indicios de que existe una elevada posibilidad de que vas a cometer un delito. Si no ofreces pruebas suficientes, el juez no te dejará escuchar jamás una conversación telefónica(ni aún siendo policía). Ahora imaginen que se aprueba la ley que permite a una autoridad administrativa, comandada por el lobby de los derechos de autor. Piensen que sucedería si son ellos quienes deciden donde y cómo intervenir.
Sabiendo que entidades como la SGAE no tienen el más mínimo pudor para recaudar dinero de conciertos benéficos para salvar niños enfermos o para ayudar a las víctimas del terrorismo ¿qué harán cuando tengan el poder absoluto sobre las conexiones de Internet?. No hace falta ser muy agudo para adivinar la hecatombe en que se convertiría cualquier país que dejara en manos de una entidad privada con ánimo de lucro el control de la información y de las conexiones de Internet. Se me ponen los pelos de punta.
No se puede obviar que existe un conflicto con los derechos de la propiedad intelectual y que todos los implicados tienen su parte de razón. Lo que si se puede afirmar es que hay que tener mucho cuidado con poner por delante los intereses de una industria privada. Antes se tienen que respetar unos derechos básicos de las personas, que han costado muchos años y muchas vidas alcanzar. Europa representa el símbolo de una idea sublime de progreso, de avance y de bienestar social. Sus europarlamentarios se deben regir por los códigos éticos que basan su poder en los deseos de unos ciudadanos que quieren formar un continente basado en el respeto de los derechos humanos y que legitiman sus mandatarios cada vez que votan en la cámara medidas como esta. No puede prevalecer el derecho de algunos sobre el derecho de todos. Deben buscarse alternativas al problema de los derechos de autor pero sin pisotear a los ciudadanos que lo único que hacen es descargar archivos sin ánimo de lucro y por el mero afán lúdico de disfrutar de una cultura que está más viva y más accesible que nunca. Afortunadamente, una vez más, se ha impuesto la cordura en un sistema que garantiza (por ahora) las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos que le dieron la potestad de representar sus voces. El sueño de Europa aún vive.
