Cuando parecía que todo quedaba claro, salta una noticia que desvela la posible anulación del juicio contra Pirate Bay por un conflicto de intereses de los jueces. Resulta que en todos lados cuecen habas y no sólo la ministra de Cultura de España incumple las leyes, sino que este hecho empieza a ser moneda corriente en los asuntos del lobby de poder relacionado con los derechos de autor ¿Hasta dónde piensan llegar?
Los suecos siempre me han parecido unos señores, en el amplio sentido de la palabra. Su país se encuentra entre los más avanzados del mundo, con unos progresos sociales a la vanguardia, una sociedad del bienestar lograda con el esfuerzo íntegro de sus conciudadanos y unos políticos que suelen estar a la altura de las circunstancias. Hoy me han decepcionado. Nos llega la noticia de que el juez del caso que sentenció a los administradores de The Pirate Bay con 1 año de prisión y una multa millonaria, podría ser considerado inhábil para el proceso judicial que ha ejecutado. Los abogados defensores piden la anulación del juicio y que se repita pero contando con otros jueces que sean imparciales y libres de intereses personales. Y basan su alegato en que el juez Tomas Norström, pertenecía a asociaciones de protección a la propiedad intelectual. Concretamente a tres: Asociación Sueca de Derechos de Autor (SFU), Asociación Sueca para la Protección de la Propiedad Intelectual (SFIR) y Fundación de la Infraestructura de Internet (SE).
La primera organización es un foro que organiza seminarios, debates y edita una revista sobre derechos de propiedad intelectual. A este grupo pertenecen también personalidades como Henrik Ponten, de la mesa antipiratería sueca, Monique Wadsted, abogada de la industria cinematográfica, y Peter Danowsky, directivo de la SFU, que actuaron en la causa como acusación particular. La segunda es un organismo que lucha por reforzar las leyes de derechos de autor. Y la tercera es responsable de supervisar los nombres de dominio .se y asesora en materia de disputas por estos nombres. No parece haber ninguna duda del posicionamiento que muestra el juez Norström. Todas estas entidades conforman un conglomerado evidente y obvio del lobby que maneja los hilos del mundo de los derechos de autor en Suecia. Y no lo decimos nosotros, sino que diferentes personalidades jurídicas del país han asegurado que el juez no debería haberse hecho cargo del caso por existir un claro conflicto de intereses que merman su imparcialidad hasta reducirla a escombros. Esto puede ser argumento más que suficiente para recusar a Norström y hacer que se repita el juicio.
Por lo pronto, los abogados defensores de los dueños de The Pirate Bay ya han ejecutado su apelación basando sus alegaciones en esta incompatibilidad de intereses. Y existen antecedentes en Suecia donde se han repetido los juicios por causas de la misma índole. Sin embargo, el juez afectado niega su imparcialidad se haya visto perjudicada por pertenecer a estas asociaciones ya que declara que sólo para “juristas interesados en esta cuestión"” y entender mejor el problema de los derechos de autor.
Rick Falkvinge, líder del Partido Pirata, a favor de la libre circulación de archivos en Internet, se refirió a las actuaciones del juez como "corrupción imperdonable" y se mostró partidario de la repetición del juicio. Falkvinge acusó también al policía al frente de la investigación contra The Pirate Bay de aceptar un trabajo en una de las empresas de uno de los fiscales antes de finalizar el proceso. Se puede decir más alto, pero no más claro. Falkvinge no vocifera contra molinos de viento ni se llena la boca de bravatas propias de adolescentes. Lo que dice tiene sentido porque el entramado, cada vez más espeso, que forman las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de autor, se está convirtiendo en un pozo de alquitrán denso y oscuro que todo lo unta y todo lo envuelve. Sus largos tentáculos alcanzan a jueces, abogados y hasta ministros, emponzoñándolos con una suerte de viscosa pátina que se les filtra a través de sus convicciones y les blinda la cara hasta dejarla más dura que el cemento
¿Es posible que un honorable juez dicte sentencia en un juicio que descaradamente choca contra sus intereses personales? ¿Es posible que dicho juez declare tan campante que “cada vez que le plantean un caso analiza primero si puede o no tomar parte en él y que en esta ocasión no considera que sus compromisos con esos organismos fueran en contra de su imparcialidad y que no hay motivos para su recusación”?. Y entonces, Señor Norström, ¿Qué debería haber pasado para que usted se inhibiera del caso?
Contrasta enormemente con la actitud de este juez, lo sucedido con los dueños de The Pirate Bay. "No reúnas o envíes dinero. No lo queremos desde el momento en el que no vamos a pagar las multas" avisa Peter Sunde a los simpatizantes. No sólo mantienen firmes sus principios sino que, además, ni siquiera caen en la tentación de apropiarse de un dinero que podrían conseguir fácilmente a poco que alienten a las masas en su ayuda. La cantidad de euros que aportarían los internautas en respuesta a su solicitud bastaría para hacer perder la cabeza hasta al más templado. Sin embargo, ellos se mantienen incólumes, desde la sencillez de sus camisetas y la rebeldía de sus barbas mal peinadas. ¿Y qué ha conseguido el lobby de los derechos de autor con este nuevo escándalo que no cesa de cercenar las más elementales normas éticas? Pues que el Partido Pirata de Suecia, pase de tener de 15.000 a 36.000 afilados, disparando a esta fuerza política hasta situarla en la cuarta más potente del país. Este partido, que defiende el derecho a la cultura libre y las descargas de Internet, ha recibido el apoyo no sólo de los jóvenes, sino también de muchos adultos cansados de ciertas prácticas corporativas.
Un 50% son menores de 25 años, y otro 50% mayores. No se trata de un colectivo con un estereotipo determinado formado por un perfil de chaval joven, aficionado a la informática y que sabe mucho de Internet. La gente se está hartando de soportar estas conductas que rozan lo mafioso y el hastío lo demuestran en estas masivas afiliaciones a grupos políticos que aspiran a disponer de una cultura universal.
Envalentonados por el resultado del juicio contra The Pirate Bay otras organizaciones dedicadas a la defensa de derechos de autor se han animado a vestirse de matones. En este caso se trata de libros, y la entidad encargada del asunto ha advertido a una Web llamada Bookabooka, que tiene hasta el viernes para cerrarla si no quiere verse acusada legalmente. Esta Web no tiene nada que ver con las actividades ni la filosofía de The Pirate Bay. Ellos sólo actúan como intermediarios para que los estudiantes se relacionen y se alquilen los libros de texto, pero ni se encarga de los envíos ni de las devoluciones. Esta entidad de gestión de derechos de autor asegura que esa página rebasa los límites de la ley y atentan contra la legalidad. Y es que parecía que estaban todos los del lobby agazapados, esperando su momento para saltar al gaznate, cosa que no han podido hacer antes porque precisamente han sido las leyes quienes los tenían de cara a la pared y con las manos atadas detrás de la espalda. Sin embargo, esta nueva situación generada por la victoria en el juicio contra TPB les ha empujado a salir de las madrigueras, con el afán del que lleva mucho tiempo sin alimentarse.
A pesar el miedo que pretenden imponer a base de emplear torticeramente el sistema judicial, la inmensa mayoría del mundo internauta asiste sereno a las asechanzas y desvaríos que protagonizan una y otra vez los componentes de este lobby anticultural que lleva soportando la sociedad estos últimos años. Las descargas en la página de Peter Sunde siguen como siempre. No han bajado un ápice. Y además, las operadoras suecas se niegan a cerrar el acceso a TPB. El abogado de la principal operadora del país, Telia Sonera, afirma "el fallo va contra los gestores del portal y no tiene efecto sobre los proveedores de Internet. No vamos a emprender ninguna acción si no estamos obligados a hacerlo. Además, la sentencia no es firme y ha sido recurrida". Otras operadoras también sostienen que el fallo no cambia la situación. Jon Karlung, director de Bahnhofs asegura: "No vamos a censurar sitios; no es nuestro trabajo. Estoy en contra de todo aquello que contradiga el principio de un Internet libre y abierto".
Han llegado. Están aquí. El lobby de los derechos de autor se ha instalado en el poder, mediante nombramientos más que dudosos de ministros implicados profesional y personalmente a favor del mundo de los derechos de autor o mediante magistrados ejerciendo de juez y parte dentro del sistema legal. Han llegado, cierto, pero no para quedarse. Tarde o temprano todas esas maquinaciones serán puestas en su lugar porque los ciudadanos no están dispuestos a permitir tal pisoteo de sus derechos. Hablarán los votos, seguramente. Y hablará la ley. La verdadera, no la que imponga un esbirro de la anticultura.
