En lo que podría ser un movimiento sin precedentes en la historia de Internet, el gigante de Mountain View enfrenta inconvenientes legales a través de cuatro ejecutivos que fueron detenidos apenas días atrás con cargos de "difamación y violación de la privacidad", en relación con un vídeo publicado en el (próximo a desaparecer) servicio de subida de vídeos de Google Video, en septiembre del año 2006. Si el enfrentamiento legal termina con resultado negativo para los detenidos, podrían enfrentar una pena máxima de 36 meses de prisión.
La razón de la acusación parte de un vídeo de tres minutos en el que se podía ver a tres estudiantes maltratando a un muchacho de 17 años con síndrome de Down. El vídeo en cuestión estuvo disponible para verse en el sitio durante casi dos meses, siendo retirado dentro de las 24 horas en las que Google recibió dos quejas, una de ellas proveniente de nada menos que del ministro del interior italiano. Si bien respondió de forma casi inmediata a las quejas, esto deja en claro que Google no revisó los contenidos publicados en su servicio. Tanto la ley americana como la europea indican que Google no está obligado a hacer dicha revisión, e incluso cuenta con cierta protección frente a demandas, siempre y cuando responda a las quejas en tiempo y forma.
Hasta aquí parece ser que Google cumplió con sus obligaciones legales, pero no es tan así para el fiscal italiano que lleva el caso, acusando a Google no como proveedor de servicios de Internet sino como "proveedor de contenidos" a través de la red. Bajo el código penal italiano, los proveedores de servicios no son responsables por el contenido publicado por terceros, pero los proveedores de contenidos sí lo son. Esto puede parecer un tecnicismo, pero lo cierto es que fue suficiente como para que los cuatro ejecutivos de Google fueran detenidos por la fuerza pública.
Es casi seguro decir que el tema de la privacidad será un eje central en el juicio. Google ha hecho una declaración muy interesante, en la que expresa que el caso está "mal direccionado", y equivale a hacerle juicio a una empresa de correos porque una persona recibe cartas de odio. Google se define como neutral en casos como este, y considera que el querer enjuiciar a sus ejecutivos implica un ataque directo a la Internet libre y abierta que tenemos hoy en día. Si en el juicio se llegara a la conclusión de que Google debió impedir la publicación del vídeo en cuestión, esto podría reescribir todo lo que conocemos tanto de privacidad como de derechos de autor.
