Los ánimos se encuentran caldeados entre la comunidad digital. Según estimaciones de la Asociación de Internautas, si finalmente la SGAE y REDTEL acuerdan eliminar el uso de programas de intercambio de archivos se producirían 4 millones de bajas en las líneas ADSL de máxima velocidad. No sabemos hasta que punto estas estimaciones pueden ser reales, pero seguro que un número elevado de personas se dan de baja en la banda ancha española. La advertencia ha sido lanzada.
De nuevo vuelve a la palestra el asunto de los P2P. El tema se mantiene caliente y a punto de estallar. La sociedad asiste perpleja al pulso que le está echando la SGAE y REDTEL, la asociación de operadoras que coinciden con las premisas de las sociedades de gestión de propiedad intelectual, abanderadas por la SGAE. Persisten en llegar a un acuerdo de corte medieval donde se persigan los intercambios de archivos vía P2P de forma insistente e institucionalizada. Sin embargo, no se han parado a pensar en las gravísimas consecuencias que podría llegar a tener una medida de esta calaña. Desde la Asociación de Internautas aseguran que se producirá una caída masiva de clientes de banda ancha debido precisamente a la inutilidad de disponer de altas velocidades si no se pueden descargar archivos audiovisuales. Se cifra en 4 millones de bajas en todo el país, amén de las indemnizaciones generadas por incumplimiento de contrato por parte de las operadores y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 ("Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario") y 11 ("Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación") de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. El asunto se prevé mucho más grave de lo que las entidades de gestión de la propiedad intelectual, e incluso las operadoras, se piensan.
Quizá el número de bajas no sea tan cuantioso, pues muchos usuarios se encuentran tan enraizados en el uso de Internet que preferirían seguir pagando sus cuotas a pesar de disponer de unos servicios mucho más limitados, pero no hay duda de que una cantidad considerable de ciudadanos optarán por la opción de darse de baja completamente o al menos bajarse un escalón de velocidad para ahorrar en la tarifa. Si no se pueden descargar archivos de gran tamaño ¿para qué se necesitan elevadas velocidades?. Por otro lado tenemos la opción de las operadoras que no firmen este acuerdo y se mantengan al margen, como por ejemplo, Jazztel. El flujo de clientes hacia esta compañía se dispararía hasta límites insospechados, segando de forma contundente las ganancias de las empresas que se hubieran adherido al pacto anti-P2P.
Según parece, la propia Jazztel se está frotando las manos a la espera de que REDTEL cometa el error garrafal de restringir el intercambio de archivos mediante P2P. Esto podría darse si el estado no legisla en contra de los P2P, pero si lo hace, no habrá compañía a donde refugiarse. Si la SGAE logra sus propósitos y engatusa a las compañías de telefonía, las consecuencias de la huída masiva de clientes se podrían considerar catastróficas para la economía nacional. Pero si finalmente es el estado quien prohíbe por ley los P2P entonces sí que hablaremos de una hecatombe nunca antes imaginada.
Recordemos que, a pesar de los tozudos intentos de criminalización por parte de la SGAE, el famoso intercambio de archivos o enlazar redes no es delito mientras no exista ánimo de lucro. Lo dice nuestra ley y lo dicen los jueces en los casos que se resuelven a favor de los ciudadanos. Para colmo, son las propias entidades de gestión de derechos de autor las que han reconocido en el "Informe de la industria de contenidos en España", publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que sólo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por actuaciones en directo, descargas y publicidad). Por su parte, la industria del cine ha perdido 800 millones de euros, pero ningún informe demuestra que el motivo sea Internet. Tratan desesperadamente de echarle la culpa a los P2P de la “muerte de la cultura” para poder ejercer presión sobre el Estado y sobre las operadoras, pero en realidad no es cierto que se produzca ningún tipo de merma y mucho menos que sea a causa de Internet.
Seguramente las cifras que arroja la Asociación de Internautas sea más un intento de alertar a la sociedad sobre los peligros de la constante represión que está sufriendo la sociedad digital que una verdadera estimación de efectos reales si se confirma el infame acuerdo. Estamos seguros, sin embargo, de que habrá suficiente número de bajas en el sector del ADSL como para que las operadoras se tambaleen y vean peligrar su negocio. Por no hablar de la parálisis galopante que sufrirán las nuevas redes de fibra óptica y los nuevos proyectos que pretenden implantar velocidades de escándalo que no servirían para nada si se llega a la anulación de los intercambios de archivos. Las consecuencias serán realmente funestas para la sociedad de la información, generando un recorte de derechos que rayarán lo inconstitucional y derivarán en un estado de represión cuasi-policial, nada bueno para el desarrollo de una sociedad moderna, libre y abierta.
