Brasil acaba de aprobar la privatización de 67,4 millones de hectáreas de selva amazónica. La ley, sancionada por el Congreso del gobierno del presidente Lula da Silva, permite regularizar la tenencia de tierras fiscales a sus actuales ocupantes ilegales para desarrollar el cultivo de la soja y la cría de ganado. La medida ha sido duramente cuestionada por opositores y ambientalistas, que denuncian una agravación de la deforestación en la Amazonia.
El Gobierno del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva resolvió -mediante la Medida Provisoria 458– traspasar unas 67, 4 millones de hectáreas de floresta en la Amazonia Legal a manos de agricultores, que podrán deforestar una parte de las hasta 1500 hectáreas que le toquen en suerte para la siembra de soja o la practica de la ganadería. Esta superficie, que equivale casi a la de Francia o a la famosa “pampa húmeda” Argentina, representa el 8% del territorio del Brasil. En realidad, la Medida Provisoria 458, que fue enviada al Congreso por el Ejecutivo y promulgada en la noche del jueves, simplemente viene a blanquear una situación “de facto” que existe en la selva amazónica desde hace mucho tiempo.
Las organizaciones ambientalistas, como Greenpeace y World Wide Fund for Nature (WWF), sostienen que este decreto simplemente reconoce la delicada situación ecológica actual,en la que buena parte del territorio que será entregado a sus poseedores (que las habían usurpado previamente) ya perdió la mayor parte de la floresta original. Para la prensa brasileña esta ley será conocida como “el decreto del grillaje”, debido a que los títulos de propiedad de los terrenos amazónicos fueron fraguados por sus presuntos dueños mediante un ingenioso sistema: para que los papeles parezcan documentos antiguos se los deja durante un tiempo en cajas con grillos. Estos insectos perforan y deterioran el papel a la vez que sus heces le confieren un tono amarillento, muy adecuado para simular el desgaste propio de los años.
A pesar de que Lula vetó parte del proyecto original, evitando la posibilidad de que las tierras puedan ser adjudicadas a personas que no vivan en la zona o que sean adquiridas por empresas, lo cierto es que esta decisión compromete duramente la integridad de una ya maltratada selva que otrora fue considerada “el pulmón del planeta”. La Medida Provisoria 458 establece que un individuo podrá contar hasta con 1.500 hectáreas, que se subastarán a precio de mercado, aunque las parcelas más pequeñas serán otorgadas gratuitamente y las medianas serán vendidas por un precio simbólico.
La polémica ley es considerada una derrota de los ambientalistas en mano de los grandes intereses económicos que se mueven en las sombras, detrás de los pequeños campesinos que realmente necesitan un pequeño terreno para sobrevivir. La selva brasileña ocupaba originalmente unos cinco millones de kilómetros cuadrados pero en la actualidad solo 100.000 km2 están preservados (por ser reservas indígenas), otros 200.000 se han destinado a la “explotación sustentable” y unos dos millones de km2 que deberían ser intocables. La medida legislativa aprobada el jueves intenta transparentar la posesión de latifundios y evitar -en teoría- que en esas grandes haciendas se derriben arboles indiscriminadamente, sin respetar el código forestal brasileño que establece como límite que solo puede talarse el 20% de la superficie de los terrenos para fines productivos.
La polémica no es menor. Por un lado, los ambientalistas sostienen que es un disparate atacar de esa forma la integridad de la selva brasileña. Entre los argumentos principales se mencionan el deterioro de la maquinaria atmosférica planetaria, la desertización a corto plazo (a menudo, en sólo 3 o 4 años) de los terrenos deforestados y la pérdida de miles de especies animales y vegetales que quizás contengan la clave para la cura de cientos de enfermedades. Para los expertos de Greenpeace y WWF alcanza con utilizar las tierras que ya han perdido la floresta y que todavía permanecen improductivas para producir suficientes alimentos para Brasil y para el resto del mundo. Pero con el decreto 458, serán talados al menos el 20% de 67,4 millones de hectáreas de selva virgen. Sin embargo, es muy difícil controlar que los flamantes y legales propietarios se detengan al llegar a ese porcentaje.
Además, hay dos cuestiones importantes para tener en cuenta. Por un lado, los propietarios podrán vender las tierras recientemente adjudicadas dentro de solo 3 años. Esto permitirá a las grandes empresas -que tenían mucho terreno en la selva y que resultaron “perjudicadas” con el limite de las 1.500 hectáreas por persona- volver a comprar el terreno de sus vecinos, que muchas veces actúan simplemente como testaferros provisorios. Si se buscaba otorgar terrenos a pequeños campesinos para su supervivencia, la posibilidad de vender en tan corto plazo hace muy poco efectiva la medida. Pero lo mas grave es que el objetivo de los ruralistas es derribar el Código Forestal que impone el limite del 20% en la superficie a talar. En efecto, el tema “ya está en discusión en el Congreso y es el paso que falta para legitimar la devastación de la floresta”, denunció Igor Santos, director de prensa del Movimiento de los Sin Tierra, irónicamente la misma agrupación a la que pertenencia Lula antes de llegar a la presidencia.
Más allá de las cuestiones políticas o económicas, lo cierto es que el 15% de la selva primaria del Brasil ha desaparecido en solo tres décadas, víctima de la tala para la explotación agropecuaria. Este decreto no hace mas que impulsar la deforestación de otros 12 millones de hectáreas, verdadero crimen ecológico que seguramente tendrá efectos sobre el planeta entero. La posibilidad de revender las tierras después de 3 años dará lugar a un negocio inmobiliario incontrolable. Marcelo Furtado, director ejecutivo de Greenpeace en Brasil sostiene que esta ley “es una señal que indica a la gente que goza de impunidad desde hace años que se pueden cometer crímenes en el Amazonas sin ninguna consecuencia”. Para tener una idea del poder político que ostentan los terratenientes del Amazonas basta mencionar que si bien el período estipulado por el proyecto de ley para habilitar la venta de tierras era de 10 años, fue modificado a solo 3 durante el debate en el Congreso. Además, la Medida Provisoria 458 permite legalizar la ocupación de lotes de menos de 400 hectáreas sin una inspección oficial que constate que la parcela es efectivamente ocupada por la persona que pidió su registro, lo que seguramente dará lugar a situaciones poco deseables y que van claramente en contra del espíritu original de la ley.
En definitiva, el gobierno de Lula ha promulgado una ley que por un lado le permite “encajar” dentro de un marco legal una situación que -aunque ilegal- se daba desde hace años y que le resultaba imposible controlar. En lugar de encarar desagradables políticas de desalojos de los grandes terratenientes que se habían apropiado de la selva, se promulgó una ley que en apariencia parece beneficiar a los pequeños agricultores pero que -por presiones de los interesados directos- posee algunas zonas grises que impedirán que la situación de la selva o los campesinos cambie. Solo queda esperar que el Código Forestal que impone el limite del 20% a la tala resista, y que la selva amazónica no sea un nuevo desierto dentro de solo un par de décadas.
