Después del constante goteo de malas noticias que hablan de la ofensiva general contra el P2P, nos llega una información alentadora. Al parecer, desde el gobierno se está planeando quitarle el cobro del canon a las entidades de gestión de derechos de autor y formar un órgano específico dedicado a tal labor. Los días gloriosos del chollo cultural pueden estar contados.
El temor se ha instalado en los despachos de la SGAE. No se trata de un rumor sino de información fidedigna. Un informe elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas recomienda la creación de un órgano común de recaudación que se encargaría luego de repartir el dinero entre las entidades de gestión. Este órgano acabaría con las funciones recaudatorias que actualmente llevan a cabo las 6 entidades españolas oficiales, que son SGAE, Cedro, Vegap, Dama, AIE y Aisge. No estamos hablando ni de retirar el canon ni de eliminar las entidades de gestión. La idea que mueve esta propuesta se basa en que este órgano específico y gestionado públicamente se encargaría de cobrar las tarifas existentes y después repartiría el dinero recaudado entre las entidades de gestión oficiales que existen en el país. Además, y para euforia de internautas, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval) propone también aumentar el control sobre la contabilidad de las entidades de gestión.
"Se recomienda establecer un Plan Contable específico para estas entidades, así como determinar la obligación legal de consolidar sus cuentas anuales con las de sus sociedades controladas o participadas", dice en el informe. Pero es que aún hay más pues, para deleite completo del personal, se recomienda "dar publicidad a las cuentas anuales y las tarifas de las entidades mediante su depósito en un registro público, tutelado por la Administración, así como regular de forma específica el tratamiento que debe otorgarse a la prescripción de los derechos recaudados".
Nunca se ha entendido que una entidad privada gestione los rendimientos económicos que podrían tener rango de impuesto. El caso de las entidades gestión, es de los pocos en que el estado no recauda una tasa obligatoria. Y con el agravante de que las cuentas no exhiben la transparencia que sería deseable para que evitar los abusos que pueden surgir de los monopolios. La SGAE ha sido acusada en multitud de ocasiones de falta de control externo por parte de la administración pública. También se le achacan irregularidades de todo tipo en la gestión del dinero recaudado e incluso comportamientos rozando lo mafioso con respecto a los asociados que no comulgan con la línea impuesta desde la dirección. Suma y sigue, pues resulta conocida la voracidad desmedida, por parte de la más poderosa de las entidades de gestión, a la hora de tratar de recaudar dinero que no le pertenece. Son muchos ya los juicios que ha perdido en su afán por controlar y exprimir cualquier manifestación de la cultura que ellos se apropian sin permiso ni razón.
El gobierno no puede permanecer inactivo por más tiempo con una gestión que claramente le corresponde llevar a cabo. Seguramente tardará un tiempo en materializarse la propuesta del informe, porque a buen seguro que el conjunto de las entidades en pleno, ejercerá una presión brutal para evitar llegar a estos términos, pero la necesidad de gestionar de manera limpia, transparente y pública este tipo de impuestos, no puede esperar más. De todos modos, que nadie piense que esto significa el fin del canon. Las entidades como la SGAE seguirán percibiendo ingentes cantidades de dinero en concepto de “impuesto cultural” con los que podrán seguir pagando sus lujosas instalaciones y comprando nuevos edificios con los que ampliar el rampante negocio del canon.
