“No te deberíamos haber dejado llamar al abogado”

Con esta espeluznante frase se resume el gravísimo suceso perpetrado contra un ciudadano que, si se confirma, convertiría a la SGAE en una organización sospechosa de prácticas delictivas. Presuntamente, varios miembros de la asociación allanan un domicilio particular sin orden judicial e intimidan al dueño de varias páginas web para registrarle y decomisarle sus ordenadores, todo ello, insistimos, sin permiso del juez.

Asistimos, estupefactos, a una alarmante noticia que ha vuelto a poner en pie de guerra a todo Internet y ha disparado los ánimos hasta el paroxismo. Oleadas de rabia e indignación han recorrido multitud de blogs, cuyos usuarios han alzado su voz para protestar enérgicamente contra este atentado a la ética que no tiene precedentes en la historia de la democracia española.

Existen dos versiones de los hechos que tratan de explicar lo ocurrido. Por un lado, tenemos al afectado que cuenta con pelos y señales todo lo que ha tenido que padecer por culpa de la intervención de varios representantes de la SGAE.  Y por otro, la propia SGAE, que responde negando los hechos y tachando de mentiroso a la víctima de esta vejatoria intimidación. Resulta difícil garantizar quién tiene razón, pero conociendo la trayectoria de David Bravo, el famoso abogado que lleva tiempo demostrando su honradez y honorabilidad, apenas quedan dudas de quién está diciendo la verdad. Por otro lado, la asociación de los autores, lleva a sus espaldas un cúmulo de despropósitos, denuncias y comportamientos deleznables que permiten deducir con facilidad si sus alegatos poseen visos de veracidad o se trata, una vez más, de maniobras de evasión para escurrir el bulto y ocultar la verdad de los hechos.

Por lo pronto, existen dudas razonables sobre la legalidad de la acción de la SGAE teniendo en cuenta las contradicciones flagrantes en que ha incurrido la entidad al tratar de defenderse. Diseccionamos punto a punto todo el caso y te ofrecemos una visión amplia de los datos aportando las versiones de ambas partes. Con ello podrás opinar con fundamento sobre la realidad de los hechos acontecidos.

La versión de la víctima
Ayer pudimos leer en su blog, de puño y letra, el suceso narrado en primera persona por el propio afectado. Se llama Juan José Coronel Carrasco, estudiante de Informática, de 26 años de edad y residiendo en Bonares (Huelva) junto con sus padres y su hermano. Es el administrador de las Web elitemula y etmusica, páginas de enlaces a archivos que circulan en redes p2p y que la SGAE parece que ha empezado a perseguir mediante las denuncias pertinentes por la vía civil (la penal ya desistieron de usarla cuando comprobaron que todas las sentencias fallaban en su contra).

El día 26 de Mayo de 2009, sobre las 12 y media de la mañana, 5 personas desconocidas llamaron a la puerta de su casa, dijeron que venían del juzgado y que tenían orden de registrar y requisar los ordenadores que hubiera en la casa en busca de pruebas de un delito que ni siquiera se ha probado. Según comenta Coronel “entraron en todas las habitaciones e incluso abrieron algunas cajas de cartón de mi dormitorio, que no tenían ningún contenido especial más allá de enseres personales de algunos de los miembros de mi familia”.

Luego un señor que se identificó como “perito informático” procedió a revisar de modo exhaustivo el portátil del afectado e inmediatamente después, trató de arrancar el portátil de su hermano, cosa que no consiguió porque usaba contraseña. El perito, armado con la fuerza de intimidación, exigió la contraseña y Coronel llamó a su hermano para pedírsela, tal era su estado de nervios y exaltación. Una vez conseguida la clave, el perito revisó el ordenador del hermano y siguió inspeccionando todos los discos duros que encontró en la vivienda. Finalmente le indican que van a requisar todo el material y se lo van a llevar al juzgado.

Imaginen el miedo que debió pasar Juanjo mientras se sentía arrollado por 5 personas que decían venir en nombre del juez y que disponían de permiso para entrar en su casa, registrar sus ordenadores y requisarlos. El informático comenzó a sospechar que aquello no podía ser legal. Les pidió la orden judicial que les acredita para realizar las delicadas intervenciones y los individuos le muestran un papel “del juzgado” que atemoriza al dueño de las páginas. Si no eres muy versado en la materia te tragas como una orden del juez  cualquier papel que ponga la palabra "juzgado" o "prueba" y tenga un membrete oficial.

El amenazador escrito decía lo siguiente: “Igualmente se accede a la práctica de prueba anticipada requiriendo al demandado para que a presencia de la Comisión Judicial presente para su depósito temporal los discos duros de los ordenadores en los que se encuentran almacenados y desde los que se administran los sitios web elitemula y etmusica y en los que consten los datos sobre número de descargas de obras musicales efectuadas desde el mes de Septiembre de 2007 y desde el mes de Diciembre de 2007 respectivamente”.

Leído esto, cualquier persona sin formación jurídica caería en un estado de pánico que se vería reforzado por la ominosa presencia de 5 personas que dicen venir del juzgado y que te instan a que le cedas tus ordenadores sin más explicaciones. Después de dos horas de intensivos registros, Coronel comienza a sospechar que aquello no puede ser legal y decide llamar por teléfono a su abogado, el famoso especialista en propiedad intelectual David Bravo. Cuando el aterrorizado propietario de los ordenadores le cuenta el caso al abogado, éste le dice que de ningún modo ese papel les faculta para entrar en un domicilio particular y mucho menos a revisar datos personales en sus ordenadores.

La orden simplemente solicita al afectado que traslade los ordenadores al juzgado pero en absoluto autoriza a nadie a allanar su morada y violar la intimidad de sus datos digitales. Bravo toma el control de la situación y habla por teléfono con la secretaria judicial para dejarle clara la total falta de autoridad que poseen para ejecutar las acciones presentes y les exige que se identifiquen, que suelten los ordenadores y que abandonen la casa de inmediato. Los intrusos dicen ser: La procuradora de SGAE, el perito informático de SGAE, un juez de Moguer que venía por exhorto, la secretaria judicial y un quinto señor que no se identificó.

Finalmente, los sujetos se marcharon, levantando acta de lo sucedido y dejando por escrito su presencia en la casa, el registro de los 6 ordenadores y también que el denunciado no había entregado el material, excepto un portátil personal que le dió al juez para ahorrarse un viaje al juzgado. Cuando abandonaban la casa, Coronel asegura que la secretaria le dijo una frase que pasará a la historia de la desvergüenza. La dejamos para el final porque la frase realmente resulta pavorosa. Por supuesto, después de este lamentable suceso, Juan José está pensando seriamente en denunciar los hechos y llegar hasta el final para esclarecer las siniestras circunstancias que han llevado a estos 5 fulanos a intimidar, engañar y humillar al dueño de las páginas de enlaces. David Bravo le ha garantizado que se presentará como testigo en la causa que proceda si decide presentar una denuncia.

La versión de la SGAE
Tras el revuelo que se ha producido en los medios de comunicación, la asociación de autores no ha tenido mas remedio que saltar a la palestra en su propia defensa. Alegan que todo ha sido un malentendido y que “Existe una tergiversación de los hechos mediante la cual el infractor aparece como parte perjudicada y el autor lesionado como verdadero villano cuando lo único que trata es de defender es legítimamente sus derechos".La sociedad se remite al acta levantada por el juez que entró en la casa y asegura que "no se ha infringido la legalidad". Argumentan que, si bien no tenían orden judicial para entrar, Coronel les dio permiso y, además, entregó “voluntariamente” los ordenadores para que el perito pudiera revisarlos. Y que todo ha quedado reflejado en el acta judicial que levantaron el día de autos, insistiendo en que ellos actuaron sin infringir las leyes. La SGAE también niega que David Bravo, el abogado del informático, haya hablado con ninguna procuradora. Asegura que en realidad habló con el secretario judicial (debe tener una voz bastante aflautada para que Bravo le confundiera con la procuradora).

Es el juzgado Mercantil de Huelva (que ya ha cerrado cautelarmente dos web de Coronel y ante el cual la SGAE tiene la denuncia interpuesta de las otras dos web que posee) el que solicita "los discos duros de los ordenadores en los que se encuentran almacenados y desde los que se administran los sitios web elitemula y etmusica". Lo que sucedió este martes es que "se llevó a efecto la prueba acordada mediante una orden judicial del 20 de febrero de 2009 que concluyó mediante la entrega voluntaria por parte del dueño del disco duro". De hecho, el representante de la SGAE asegura que es "falso" que se inspeccionaran los demás ordenadores o se quisieran requisar más discos duros aparte del que el demandado entregó voluntariamente. "Todo lo demás es manipulación", asegura. Afirma que estas declaraciones no son más que un intento por "ensuciar el nombre de la SGAE e incluso de la justicia al poner en duda la diligencia del Juzgado". Recuerdan que Coronel Carrasco "no es un internauta cualquiera sino un gran infractor de la propiedad intelectual responsable de más de 20 millones de descargas ilegales".

Conclusiones: Existen 3 hechos aceptados como verdaderos por ambas partes.

1. Que la comisión judicial tenía derecho a exigir la entrega al juzgado del ordenador desde donde se supone que administraba las páginas denunciadas.
2. Que la comisión judicial no tenía ninguna orden judicial que les autorizara ni a entrar en casa del denunciado ni, por supuesto, a registrar datos personales de los ordenadores del afectado ni mucho menos sus cajones y enseres íntimos.
3. Que Coronel les permitió entrar en casa y registrar los ordenadores de forma voluntaria.

Existen 3 supuestos donde discrepan las partes.

1. Coronel asegura que fue engañado vilmente por la comisión judicial haciéndole creer que estaban autorizados por mandato judicial a registrar sus cosas y también que fue intimidado desde una posición de privilegio aprovechándose de su ignorancia en materia jurídica.
2. La SGAE afirma que ellos no registraron ningún ordenador y que es falso que trataran de requisar material alguno, excepto el que se llevaron por voluntad del propio afectado (Sin embargo, el acta judicial que fue redactada allí por la propia comisión, dice literalmente "habiendo visto el perito informático la identificación de los discos duros existentes (ver total de seis) considerado que desde el resto también se podía acceder a estas paginas web el demandado se niega a la entrega de los mismos" ¿En qué quedamos?)
3. La SGAE afirma que David Bravo no habló en ningún momento con la procuradora sino con el secretario judicial.

Si los hechos que relata Juan José Coronel son ciertos, nos encontramos ante un caso de auténtica alarma social. La SGAE se ha convertido en un monstruo ingobernable que arremete a diestro y siniestro saltándose a la torera las leyes más elementales que rigen una sociedad democrática. Definitivamente han perdido el norte. Llevan tiempo bordeando los límites del abismo pero, con este caso, han rebasado la línea de lo admisible y han entrado en una espiral de fanatismo que está haciendo saltar todas las alarmas de un sistema de libertades donde se supone que gobierna el imperio de la ley.

No se puede entender semejante radicalismo sin pensar en la asociación como una secta o en un emporio empresarial desbocado. En ella se mezclan el delirio enfermizo y el afán obsesivo de imponer sus normas aun saltándose las barreras legales y morales que los españoles un día logramos consensuar. Al principio, los despropósitos de esta odiada asociación se tomaban casi como una mera diversión dialéctica de aquellos que se entretienen con las inquietudes del mundo cibernético. Sin embargo, el atropello perpetrado este martes hace abrir unos ojos atónitos y comenzar a pensar en que realmente a la SGAE se le está escapando de las manos el totalitarismo feroz que lleva tiempo pujando por salir desde sus entrañas.

Ya no se trata sólo de aquella asociación antipática a quien dirigir las invectivas de un grupo de internautas al sol. Ahora tenemos en frente a un engendro verdaderamente peligroso que crece en su iniquidad y que avanza con paso firme hacia el desprecio atroz de los derechos básicos de las personas. No se puede imaginar nada más bajo que aprovecharse de un inocente en inferioridad de condiciones, atemorizarlo, intimidarlo y manipularlo hasta convertirlo en un pelele y ejercer un trato vejatorio contra su intimidad. 

Haced el esfuerzo de imaginar cómo debió sentirse Juan José Coronel cuando 5 desconocidos irrumpen en su casa sin dar explicaciones, le avasallan, se pasean por su casa y le registran sus ordenadores, viendo fotos personales, emails y cualquier otro tipo de información sensible.  Imaginad la sensación de ver a alguien no deseado meter la mano en tus cajones y revolver tus pertenencias sin motivo alguno. Pensad en la prepotencia de esos 5 esbirros de la intimidación, exigiendo la contraseña del ordenador de tu propio hermano y curioseando en sus intimidades. Estos comportamientos no pueden generar más que repulsión y rechazo. Máxime cuando Juanjo ni siquiera ha cometido un delito ¿Qué habríais hecho vosotros?.

Pero lo peor de todo, llega con la culminación de esta conducta miserable. Una frase lapidaria que condensa la esencia de toda la ignominia que proyectan estos individuos. Una frase llena de frustración, de rabia, de amenaza. Disparada como una bala silenciosa que avanza a modo de advertencia velada y que va dirigida directamente a tus sienes. Escucharla con voz meliflua, mientras te miran directamente a los ojos, es suficiente para que se ericen los pelos de la nuca y te caigan los pantalones hasta los tobillos:

"No te deberíamos haber dejado llamar al abogado”