Francia rechaza la ley antipiratería de Sarkozy

Sorpresa mayúscula la protagonizada por el Parlamento francés, que, contra todo pronóstico, ha votado en contra de la ley de los 3 avisos que el presidente galo pretendía imponer en la Asamblea. Con un increíble resultado de 15 a favor y 21 en contra, los derechos de los usuarios de Internet han quedado a salvo. Al menos durante unas semanas pues según las leyes francesas, se puede repetir la votación a petición del ejecutivo.

No paran de llegar sorpresas. Si el nombramiento de la nueva ministra de Cultura ha traído un aluvión de noticias cargadas de estupefacción por la decisión del gobierno en materia de cultura digital, no es menos impactante el resultado de la votación del Parlamento francés que ha derribado sin contemplaciones la famosa ley de los 3 avisos, que el presidente Sarkozy esperaba que se confirmara este mismo día. La mayoría de los diputados asistentes a la Asamblea han votado, mano en alto, en contra de la ley antipiratería que cercenaba derechos fundamentales de los ciudadanos galos. Este resultado contra todo pronóstico tiene una explicación menos idealista de lo que pudiera parecer pues se ha llegado a esta situación porque algunos de los diputados del partido de Sarkozy no han cumplido con sus obligaciones y no se han presentado en el Parlamento (estarían en casa descargando películas). Además, al voto contrario de la izquierda francesa, se han unido 2 diputados del partido conservador que han cambiado su voto porque consideraban que el endurecimiento de la ley resultaba ya excesivo.

Recordemos que pretendían colar una nueva norma donde además de cortar la conexión al internauta que no respetara los 3 avisos por descargar archivos ilegales, se le obligaría a pagar la línea mientras durase el tiempo de castigo que impusiera la ley. O sea, que encima que te cortan Internet (de 2 meses a 1 año), te obligan a seguir pagando por un servicio que no tienes durante todo ese tiempo de sanción. El colmo de la desfachatez.

La ley Sarkozy prevé también evitar que los usuarios se salten esta norma cambiando de operador cuando les sea ejecutada la desconexión. Incluye disposiciones para crear una "lista negra" en la que aparecerían a los infractores de la norma, entre otras medidas de control de los usuarios que serían controlados e investigados aún cuando ya hubieran cumplido la sanción impuesta. Tal y como está redactada la ley que por ahora ha sido rechazada, se crearía un órgano de control y aplicación de la norma llamado Alta Autoridad Para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi). Cuenta con un presupuesto capaz de enviar 3.000 cartas certificadas y 10.000 mensajes electrónicos al día y podrá sancionar, también al día, a 1.000 internautas. Realmente un sistema terrorífico que nos devuelve a la época de las cavernas y que la nueva ministra española de Cultura ya ha comentado en alguna ocasión que le gusta. Sin embargo, y para tranquilidad de Sarkozy, este bofetón democrático que acaba de soltarle el Parlamento francés le va a durar lo mismo que una mala gripe.  El Ejecutivo podrá pedir que se vuelva a votar la ley en "algunas semanas", explicó el secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Roger Karoutchi. Cuando es rechazado un texto legal que procede de una comisión mixta paritaria (como es el caso), el Gobierno puede decidir que se ejecute una nueva votación, aunque el texto debe volver a pasar por las dos cámaras (Senado y Asamblea).

No nos cabe duda que el presidente galo solicitará la repetición de la votación. Y esta vez ya se encargará de arrastrar, aunque sea de las orejas, a todos los diputados del partido para que den carta blanca a tan obtusa ley. Esto sólo ha sido un respiro. En pocos días estaremos escribiendo la noticia de que la ley ha sido definitivamente aprobada. De todos modos, la izquierda gala opina que sólo un juez puede cortar el acceso de un ciudadano a Internet. Los socialistas franceses, que consideran la norma ilegal, tenían previsto enviar el texto de la ley al Consejo Constitucional para que fuera estudiada y, finalmente, rechazada por inconstitucional.