El Constitucional francés anula la ley antidescargas

El presidente Sarkozy acaba de recibir una auténtica pedrada en la frente por parte del Consejo Constitucional de su país. Ha declarado ilegales varios puntos de la polémica ley de los 3 avisos que permitía, sin orden judicial, cortar la conexión a Internet de los usuarios que descargaran archivos con derechos de autor. A partir de hoy, esa ley marcha directamente al cubo de la basura. R.I.P.

A instancias de la denuncia que realizó el Partido Socialista francés el 19 de mayo, el máximo representante del orden constitucional del país vecino ha respondido alto y claro. Tras estudiar detenidamente los 11 puntos que habían sido presentados como inconstitucionales por el partido de la oposición, el Consejo Constitucional de Francia ha decidido que existen 2 apartados que atentan flagrantemente con los principios fundadores de la constitución francesa y los ha declarado inconstitucionles. Así, sin anestesia. Se trata de los artículos 5 y 11,  el primero penalizaba con el corte de Internet a los usuarios que descargaran archivos con copyright y el segundo, que no sería necesaria a intervención de un juez para llevar a cabo esta acción. El Consejo declara que “Se ajusta a la ley imponer una sanción si se demuestra que existen descargas ilegales", pero "el papel de la Alta Autoridad (Hadopi) es advertir y señalar sobre dichas descargas, pero no castigarlo y solo un juez podrá determinar la sanción”.

Los nueve miembros o que lo integran el Consejo -entre ellos los ex presidentes Jacques Chirac y Valery Giscard d’Estaing- han estimado que disponer de Internet se ha convertido ya en un derecho fundamental que sólo puede ser restringido por la autoridad judicial. En su decisión, señalan concretamente que la libertad de comunicación y expresión estipulada en la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 implica "la libertad de acceder a los servicios de comunicación al público en línea". Esta decisión no admite réplica y deberá ser ejecutada de inmediato para cambiar la ley y eliminar ipso facto los 2 artículos que atentaban contra los derechos civiles de los ciudadanos.

El gobierno de Sarkozy ha declarado que toma nota del mandato y que retirarán la polémica normativa para ajustarla al dictamen, algo que se hará "rápidamente", según ha asegurado la ministra francesa de Cultura, Christine Albanel. El partido Socialista ha declarado la necesidad de reformar la ley completamente para que sea de utilidad tanto a los ciudadanos como a los autores. No les parece suficiente con eliminar el extraño concepto jurídico que había tratado de instaurar el Hadopi: la “presunción de culpabilidad”. Para acabar de una vez con esta ley que nació torcida, plantean la conveniencia de diseñar una ley partiendo de cero y sin influencias de los despropósitos que arrastraba la derrotada ley de los 3 avisos.

Hay que recordar que la propia Comisión Europea ya publicó un conjunto de directivas donde advertía de la imposibilidad de cortar conexiones de Internet sin un mandato judicial. Sarkozy ignoró esta normativa e incluso la primera votación de la ley Hadopi que fue rechazada por sus propios senadores. Su tozudez incansable le ha llevado a enfrentarse con la base misma de los derechos humanos y, como no podía ser de otro modo, ha salido completamente escaldado. Ahora no le queda otro remedio que retirar la polémica ley y eliminar los 2 puntos que más controversia habían levantado. La Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos sobre Internet, la HADOPI, nombre con el que se conoce la normativa, ha pasado de ser un entidad con poder para sancionar y cortar Internet a convertirse en una administración que se dedicará a avisar a los internautas que, según ellos, estén haciendo cositas malas. Tras la rotunda decisión del Constitucional, la entidad se transforma en una carísima máquina de enviar spam a los usuarios franceses que seguro no tendrán otra cosa que hacer que leer sus mensajes “educativos”.

Una victoria apoteósica de los derechos civiles sobre el abuso de poder que pretendía el mundo de los derechos de autor. El resto de países europeos no habían llegado tan lejos y se habían desmarcado del sistema francés aún antes de conocer la sentencia de este Consejo. Seguramente le habrían visto las orejas al lobo y decidieron no exprimir tanto los límites de la ley. Después del batacazo monumental que acaba de darse el gobierno galo, nadie se atreverá a desafiar nuevamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. La ley Hadopi pasará a la historia como el intento más agresivo (y menos duradero) de pisotear el derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación de los ciudadanos así como por tratar de anular la presunción de inocencia que sólo un magistrado tiene la potestad de juzgar y sentenciar. A ver si diciéndolo en voz alta se enteran las asociaciones de derechos de autor, la industria de contenidos y los gobiernos con tentaciones totalitarias: Es ilegal cortar Internet sin orden judicial y es ilegal privar a los ciudadanos de su libertad de expresión y comunicación ¿Queda claro?